Ya son 20 los colegios secundarios que están tomados por los
estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicen pelear por una Educación
pública, gratuita y de calidad. Dicen no haber sido consultados por las
autoridades del ministerio de educación de la Ciudad que está impulsando una
modificación de la escuela. Es más, aún no terminó de implementarse la Nueva
Escuela Secundaria, conocida como la NES, que ya impulsan un nuevo proyecto. Es
decir, todavía no pueden saberse los resultados de esa reforma que ya la
considerarían fracasada.
Creo que es necesario que pasen varios años para ver los
resultados de estas experiencias.
La nueva reforma es denominada “la secundaria del Futuro”.
En los power point que se distribuyeron solo se dice que hay ideas sueltas pero
con la clara intención de implementarla desde marzo del 2018.
Las propuestas más fuertes de la nueva reforma educativa
tienen más de “empresa” que de “escuela”. Una clara confusión que arrastra el
gobierno del PRO desde que se hizo cargo del gobierno en la ciudad allá por
2007 y que acompaña un proceso de precarización y explotación de los adolescentes
y docentes. No está demás decir que el gobierno actual se compone de muchos
personajes que vienen de la iniciativa privada. Incluso, recibidos en
universidades empresarias y religiosas. Desde que asumieron han mostrado una
clara intención de manejar el sistema educativo como si fuera una empresa…sus
empresas.
Bajo preconceptos como “inserción laboral” o “fracaso
escolar” se pretende destinar el último año de la escuela para hacer pasantías
en empresas.
Hay algunas cosas que se pueden criticar de esta propuesta.
En primer lugar la reforma es no ha sido sometida al debate con la comunidad
educativa (docentes, estudiantes, padres) y así no se puede proyectar nada.
Rara manera de proceder tiene el “gobierno del diálogo” y que supuestamente
vino a “unir a los argentinos”. En segundo lugar habría que preguntarse a qué
empresas piensan convocar para este proyecto. Bajo cuáles condiciones. Cuáles
son los beneficios de meter a los pibes en una empresa o fábrica en lugar de la
escuela. Bajo qué leyes laborales; con qué seguro contará el estudiante/pasante
y además, quién nos garantiza que esta idea no sea acompañada de la
flexibilidad laboral como sucedió en los ´90.
Por otra parte, qué sucederá con los puestos de trabajo de
los profesores que ya no cubran esas horas. Quién garantiza que se distribuyan
las horas. Ya tuvimos la experiencia de los cierres de cursos y de la
precarización de la profesión docente. Sin dudas aquí también es un problema la
falta de diálogo.
Otra de las ideas conflictivas es la incorporación de
créditos en reemplazo de las calificaciones. A pesar de no conocer en extenso
la idea, desde ya uno se pone a pensar que reemplazar las viejas calificaciones
por créditos como en los videojuegos es una torpeza. En lugar de discutir los
estímulos materiales o morales los cambiamos por créditos que se acumulan en función
de objetivos. La vida de los adolescentes no son vidas de videojuegos, con cada
contenido que se dicta en el aula el chico se juega la vida, y no es lo mismo
sumarlos o no. Es decir, los contenidos fueron pensados para ser aprendidos no
acumulados como las vidas de los videojuegos que siempre termina en un game over.
Y finalmente tendríamos que ver quién sale ganando en esta
nueva asociación entre Estado y empresas liderado por un gobierno neoliberal.
La educación tiene que apuntar a muchas otras cosas y no solo a lo laboral. La
poesía, la música, el arte, el deporte y otras disciplinas son tan necesarias
como aprender a manejar una computadora o fabricar cerveza.
Solo fuera del aula pudo haber sido pensada esta propuesta.
O en algún focus group con doñas
Rosas que consumen TN o Intratables. Los pibes tienen cientos de iniciativas
que deben ser alentadas, de esa manera, se los puede motivar mucho más que
mandándolo a reemplazar a un operario.
En conclusión, la nueva secundaria tiene mucho de lo viejo,
sobre todo de las políticas educativas de los años ´60 y ´90, autoritarismo y
precariedad, donde los estudiantes no son consultados, los padres
responsabilizados y los docentes excluidos.