En
las aulas de tercer año de la escuela secundaria, los profesores de historia
hablamos de la construcción del Estado Nacional. Enseñamos el significado del
régimen oligárquico, en términos de Ansaldi: un régimen de dominación conducido
por una Oligarquía, es decir “una forma de ejercicio de la dominación,
caracterizada por su concentración y la angosta base social” con exclusión de
las mayorías y su opuesto es “el régimen democrático” (Ansaldi). También hablamos
de la “Conquista del Desierto”, del Roquismo y de la constitución de un pacto
oligárquico para imponer paz y
administración.
En
general, enseñamos que, en términos económicos, el período que va de 1880 a
1930 es un “modelo agroexportador”, mientras que en términos políticos lo dividimos
en dos. Desde 1880 hasta 1912, momento que se sanciona la “Ley Sáenz Peña”,
hablamos de régimen oligárquico fundado sobre la base de una elección digitada
y manipulada con prácticas de fraude, voto cantado y otras metodologías poco
democráticas; todo organizado a través del Partido Autonomista Nacional, una
especie de “Partido del Orden”.
En
este mismo contexto, decimos que surge un partido político “moderno” que hacía
revoluciones en reclamos de una apertura política. Este partido era la Unión
Cívica, luego Unión Cívica Radical, que había surgido como una expresión en
reclamo de derechos políticos, sobre todo el sufragio universal y que, a
grandes rasgos, defendía los intereses de un nuevo sector social en ascenso, compuesto
por las clases medias e hijos de inmigrantes.
Para
1912, en un contexto de fractura dentro de la oligarquía, el presidente Sáenz
Peña acuerda con el dirigente de los radicales, Hipólito Yrigoyen, la sanción
de la nueva ley, esto a cambio de cierta paz nacional y para descomprimir el
conflicto social.
Sancionada
la ley, en 1916 se realizan las elecciones con la nueva reglamentación:
votarían los varones mayores de 18 años, de forma obligatoria y secreta.
En
las aulas salen muchas preguntas, pero sin dudas la más interesante es: ¿Por
qué la oligarquía sanciona una ley de esas características si tenía la
hegemonía? Principalmente por dos razones. La primera, como dijimos, porque se
fractura el frente interno de la oligarquía y la segunda, porque creían que igual
ganarían.
Sin
embargo, la Unión Cívica Radical se impuso y, a nuestra forma de ver, la
oligarquía nunca más participaría directamente en los procesos electorales.
Queremos decir acá lo que para nosotros es una de las principales hipótesis del
texto: luego de la derrota electoral, la oligarquía no confió más en el
sufragio universal como elección legítima de gobierno y se retiró a “los
cuarteles”, un lugar que conocían muy bien y, donde aún, se sienten realmente
cómodos, son sus fundadores. En última instancia, ellos serían parte del poder
económico y eso no se somete a elecciones. Desde los cuarteles generaron un
contrapoder, una nueva estrategia que, mientras les convenía, dejaban actuar a
la “chusma”; pero cuando les tocaban un poco sus intereses, comenzaban los
golpes militares o lo que se llamó durante un período más próximo: “los
planteos”. Así pasó en 1930, a partir de allí, su participación en la política
sería a través de la influencia, la extorsión económica, la imposición de
ministros de economía o directamente gobiernos militares.
La
historia continúa con hechos muy conocidos. Qué decir de la “Unión Democrática”
o el golpe a Perón en 1955 no sin previo
intentos destituyentes con bombardeos incluidos. Luego la proscripción bajo el
rótulo de “Libertadora” y, no conformes con eso, los planteos militares a los
débiles gobiernos radicales con la excusa del peligro comunista.
Este
período llamado “empate hegemónico” por Juan Carlos Portantiero, donde ninguna
fracción de la clase dominante o de los trabajadores pudo imponer un proyecto
hegemónico, finaliza con el golpe de estado de 1976, confirmando varias cosas:
el carácter antidemocrático de la oligarquía, el rol de sus organizaciones
políticas (Sociedad Rural Argentina, entre otras), el modus operandi típico de
quien actúa en las sombras: armando una alianza que represente sus intereses,
luego la fabulosa construcción de una opinión pública favorable al golpe a través
de los medios de comunicación (que ellos mismos administran), la toma del poder
político (golpe de estado) y la implementación de políticas que pongan la
estructura económica nuevamente a favor de sus intereses. Todo esto con un
accionar represivo planeado y ejecutado a través del terrorismo de Estado.
En
fin, la oligarquía que es dueña de buena parte del territorio nacional, y socia
del capital extranjero, creía que el país y el Estado son suyos y las riendas
del país lo tenían que manejar “gente” que defienda los intereses de la
“Nación”, es decir, los de ellos.
Queremos
considerar un momento clave de los últimos años. Para el 2008 el gobierno está
en manos del FPV, una espacio raro, heterogéneo, que representa a un sector
nacional neodesarrollista pero que redistribuye
recursos hacia abajo a través de subsidios al consumo y asignaciones
universales. En términos de la oligarquía, podemos decir, una nueva “chusma”
que administra los intereses de la Nación pero en consonancia con experiencias
aún más “raras” de América Latina.
Hasta
ahí no importaba mucho porque “las cuentas cerraban”, los precios de los
productos primarios exportables eran altos y “todos ganaban”. Pero a esta
señora que le gustaba viajar y comprarse joyas, tal es la caracterización que
hacían de la presidenta Cristina Fernández, se le ocurrió “tocar” las ganancias
extraordinarias de la oligarquía a través de una medida económica conocida como
la resolución 125, una suerte de ley muy mal transmitida que, de alguna manera,
pretendía segmentar las retenciones a las exportaciones de productos primarios
como la soja o el maíz.
Nuestros
señores, dueños de la tierra y con bastante poder de fuego producto de sus
ingresos económicos, se enojaron y actuaron como lo hicieron siempre. Sólo que
esta vez, la coyuntura política y social era distinta. Se organizaron igual,
pero ahora golpearon distinto, y ganaron, vaya si ganaron. Se juntaron y
armaron un frente interno, la Mesa de Enlace, a través de los medios de
comunicación con La Nación y Clarín a la avanzada (socios en Expoagro)
construyeron nuevamente una opinión pública favorable y supieron acaudillar
tras de sí a muchos sectores que nunca pisaron el verde ni en vacaciones, pero
que suelen confundir, frecuentemente, los intereses de la oligarquía con los
del país; todo esto bajo la consigna “El campo somos todos”.
Pero
faltaba un detalle, el cómo. El otrora aparato militar ya no estaba en
condiciones de ejecutar el plan. Seguramente en consonancia con otros golpes o
“desestabilizaciones” contemporáneos como en Honduras o Paraguay, la nueva
ofensiva podía ser Judicial o Parlamentaria. Dicho y hecho. El vicepresidente,
un radical (Cobos) debía ser la pieza clave de un nuevo “planteo”. El final es
conocido: el voto no positivo, esto permitió ganar una batalla pero hacía falta
ganar la guerra.
Lo
importante de este punto es la conclusión que saca la oligarquía: a nuestra
forma de ver, desde el 2008, consideran que había que sacar definitivamente la
administración del gobierno de manos demagógicas y populistas y tomar el
control en propias manos. Dejar de tercerizar esa cuestión. El consejo de la
presidenta les hizo tomar nota de los próximos pasos a seguir. Alguno debe
haber pensado: “tienen razón, hagamos un partido y ganemos”.
A
riesgo de caer en un conspiracionismo, consideramos que el PRO, “pragmático y
multiforme” y “heredero de ciertas concepciones dominantes de cómo hacer
política que vienen de los 90” (Morresi, Vommaro et al) fue el instrumento
electoral utilizado; en este sentido, creemos que Mauricio Macri representa los
intereses de los que se creen dueños de la Argentina, el establishment, aquellos
que construyeron una Nación donde solo ellos veían un desierto.
Para
finalizar, nuestra segunda gran hipótesis es que el balotaje del 22 de
noviembre nos muestra a una oligarquía, que habiendo renegado del juego
democrático, ahora sintió la necesidad de utilizarlo, para acceder directamente
a la administración de sus intereses.
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