Por Luis Klejzer
Hace 34 años ganaba las elecciones presidenciales Raúl
Alfonsín. Ese orador de Chascomús que lideró la Unión Cívica Radical en su
versión Renovación y Cambio, derrotó a la fórmula justicialista Luder-Bittel influenciada
por el sindicalismo de las 62 organizaciones peronistas, herederos del
verticalismo isabelino.
En ese momento comenzaba lo que algunos intelectuales
denominaron la “Transición Democrática”. Esta expresión luego fue problematizada
en tanto ¿cuándo empieza y cuándo termina una transición?, ¿qué acontecimiento la
inicia y cual la da por terminada? Mejor analizarlo
como proceso abierto.
Se pone como acontecimiento que dio origen a la “transición
democrática” en nuestro país, la derrota en Malvinas en junio de 1982. Ese
hecho constituyó para la junta militar un fracaso no solo castrense sino estratégico.
Pocos días después de la culminación de la guerra, la junta fue reemplazada por
otra que tuvo como misión fundamental negociar su salida con las fuerzas
políticas. A diferencia de otros países, en Argentina, esa negociación, se
realizó con unas FFAA derrotadas y solo intentaron una autoamnistía. No es este
un texto para polemizar acerca del supuesto pacto denunciado por la UCR entre
las FFAA y el PJ para lograr la impunidad, lo cierto es que la campaña tuvo
como condimento esa acusación. Además de la grotesca quema del cajón por parte
de Herminio Iglesias.
Como dicen algunos autores, la transición tuvo como
desafíos dos cuestiones centrales: 1) la recuperación del Estado de derecho y
con ello la puesta en funcionamiento de las instituciones. Y 2) reordenar la
economía sumida en una profunda crisis luego de las políticas neoliberales de
la dictadura.
En ese sentido, el gobierno de Alfonsín tuvo varios
sobresaltos en cuanto a reconstruir la institucionalidad. En primer lugar, en
medio del histórico “juicio a las juntas”, tuvo que enfrentar a las acciones de
bandas fascistas que seguían funcionando durante el período democrático, como
las de Aníbal Gordon y Suarez Mason, que motivaron la sanción del Estado de
sitio entre octubre y diciembre de 1985. Por otro lado, tuvo que afrontar 13
paros nacionales llevados a cabo por una CGT reunificada bajo la figura de Saúl
Ubaldini, muchos de los cuales no fueron por razones sindicales sino más bien
por cuestiones de reordenamiento político del Partido Justicialista. También
tuvo que resistir tres levantamientos carapintadas que arrancaron las leyes de
Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987).
En cuanto a la crisis económica, el gobierno tuvo que
salir rápidamente a implementar el Programa Alimentario Nacional (PAN)[1]
para asistir a millones de personas que no llegaban a cubrir las necesidades
básicas. Luego vinieron los planes económicos Austral (1985), Primavera (1987/1988)
que no pudieron resolver el problema de la creciente inflación y los altos
niveles de pobreza.
Finalmente, en el año 1989 sucedieron varias cosas que
motivaron la salida anticipada del gobierno. En enero se dio el ataque al
cuartel de La Tablada por parte del MTP. En febrero, le anunciaron al gobierno
que no vendría la ayuda económica del exterior. Esto se sumó a la acción
desestabilizadora de los grupos económicos que ya querían negociar con el
próximo presidente. En mayo con el agudizamiento de la hiperinflación y el
crecimiento de la desocupación, Alfonsín convoca a un “gobierno de unidad
nacional” que rechazaron los partidos de la oposición. Sobre todo el PJ que ya
se encaminaba a las elecciones presidenciales como favorito. Con esta pérdida de
poder, y la ausencia de un plan de salida a la crisis, comenzaron una serie de
saqueos que hicieron que el presidente dejara el gobierno anticipadamente en
medio de otro Estado de sitio.
En fin, el primer gobierno democrático tuvo que
reconstruir el orden constitucional, luego de 50 años de inestabilidad
política, y si bien pudo entregar el mando a otro presidente elegido constitucionalmente,
los desafíos tomados en el inicio del gobierno, no pudieron ser resueltos
positivamente.
Luego vinieron los años de Menem con sus planes de
estabilidad ficticia y la entrega del patrimonio nacional. Más tarde le tocó a
la Alianza de De La Rúa y su inutilidad que la pagamos con más de 40 muertos y
la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza. Luego de la salida
anticipada de De La Rúa, el fascista Duhalde se hizo cargo de la presidencia y con
su mega devaluación y la represión, profundizó la peor crisis económica del
país. Luego siguieron los 12 años de gobierno kirchneristas que combinaron
buenas intenciones con políticas neodesarrollistas, donde se beneficiaron los
bancos, las mineras y las clases medias consumistas; sumado a esto la
implementación de políticas de derechos humanos y programas de inclusión para
los más postergados. Sin embargo, a la presidenta Cristina la hicieron
renunciar 12 horas antes.
Ahora estamos viviendo la ola amarilla ceocrática. Con un
claro y violento avasallamiento de las libertades democráticas. Es necesario un
balance.
Pasaron 34 años de la recuperación de la democracia formal.
Salvo algunos nostálgicos de la represión que, lamentablemente, siguen en
lugares claves de la política actual, la mayoría decidimos vivir sin el
tutelaje de los militares. A 34 años de aquella fecha emblemática, los desafíos
asumidos fueron enfrentados pero no resueltos del todo. Fueron 34 años de desicionismo
presidencial y de superpoderes de ministros de economía. 34 años de economías
de guerra y planes de privatizaciones. 34 años de altos índices de
desocupación, precarización y pobreza. Además la concentración de medios de
comunicación y superposición de poderes, asesinato de militantes, persecución
de opositores, y la continuación de presos políticos. Todo esto demuestra que
con la “democracia” no necesariamente se cura, se educa y se come. Es necesario democratizarlo todo.
Lo que avanzamos como sociedad estuvo manchado por
gobiernos que privilegian sus intereses partidarios; por empresarios que
defienden sus ganancias a costa del hambre y la explotación de millones y por una
iglesia que sigue manteniendo el silencio que caracteriza a los cómplices.
En estos 34 años hemos avanzado en materia de derechos humanos
pero siempre con la necesidad de estar alertas y movilizados debido a que la “pata
civil dela dictadura” hoy se encuentran en el gobierno.
Para terminar la transición es necesario el compromiso de
la sociedad en una formación democrática y ciudadana, haciendo uso del espacio
público para ese debate. La acción decidida del Estado en favor de políticas
soberanas y no repetir recetas de organismos financieros internacionales. Es
preciso incorporar a los millones de compatriotas que aún están excluidos de
los derechos básicos. Sin la democratización de los espacios del poder político,
económico, judicial y mediático, será imposible resolver definitivamente los
desafíos de la “transición democrática”.
[1] Una caja PAN cubría el 30% de los
requerimientos nutricionales de una familia de cuatro personas e incluía 2
kilos de leche en polvo, un kilo de fideos, un kilo de arroz, uno de porotos,
dos kilos de harina de trigo, un kilo de carne enlatada, dos kilos de harina de
maís y dos litros de aceite. Cada caja costaba 550 pesos argentinos, que en ese
momento equivalían a unos 11 dólares. Diario La Nación de 15/6/2003 “A seis
meses de asumir, el gobierno de Raúl Alfonsín hizo el lanzamiento de las cajas
PAN, el gran antecedente“ en:
http://www.lanacion.com.ar/503874-a-seis-meses-de-asumir-el-gobierno-de-raul-alfonsin-hizo-el-lanzamiento-de-las-cajas-pan-el-gran-antecedente
Consultado el 29/6/2017
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